Publicado el viernes, 6 de diciembre de 1996 en El
                       Nuevo Herald

Deportación de cubanos puesta sobre el tapete

Por CYNTHIA CORZO Redactora de El Nuevo Herald Estados Unidos informó a Cuba que está considerando eliminar décadas de trato preferencial para los cubanos que llegan ilegalmente a las costas de Estados Unidos, cambio que resultaría en su deportación, informó el jueves un alto funcionario de La Habana. Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hizo el anuncio al concluir en La Habana dos días de conversaciones entre ambos países sobre asuntos de inmigración. John Hamilton, subsecretario de Estado para Centroamérica y el Caribe, que encabezó la delegación estadounidense, dijo que las conversaciones fueron ``amplias, comprensivas y francas'', pero que se centraron únicamente en detalles ``técnicos''. El diplomático estadounidense confirmó el deseo de Washington de cumplir con los acuerdos migratorios establecidos y de devolver a Cuba a quienes entren ilegalmente al país, siempre que Cuba los acepte en calidad de deportados. ``Hemos dicho que continuaremos tratando el tema de las llegadas ilegales y eso es positivo y una posibilidad para tratar de ampliar la gama de temas referentes a los acuerdos migratorios'', dijo Hamilton. No se pudo localizar a funcionarios estadounidenses en Washington para comentar el anuncio hecho por Alarcón, jefe de la delegación cubana, en una rueda de prensa en La Habana. De ser puesta en efecto, la propuesta daría marcha atrás a décadas de una política estadounidense de brazos abiertos para los refugiados cubanos. ``Es la más grande agresión de la administración Clinton contra los cubanos'', dijo Lincoln Díaz-Balart, congresista republicano por Miami. ``No me sorprende porque ya tenía informes. . . Creo que todas las organizaciones de esta comunidad tienen que organizar una demostración sin precedente para condenar esta infamia y pedir que no se lleve hacia adelante''. Díaz-Balart reveló el miércoles informes secretos de funcionarios en Washington, que apuntaban a la posibilidad de un nuevo acuerdo. Pero el Departamento de Estado negó entonces que algo semejante se estuviera cocinando. En 1995, Estados Unidos acordó deportar a todos los balseros interceptados en alta mar, a menos que demuestren ``temor creíble de persecución'' en la isla, con el objetivo de evitar una repetición del masivo éxodo de 1994 en que más de 30,000 cubanos se hicieron a la mar para llegar a este país. Además, el acuerdo señaló que aquéllos que lleguen a territorio estadounidense podrían solicitar asilo político y permanecer en el país. Estos deben presentar sus peticiones de asilo ante un juez de inmigración, que emitirá una decisión final sobre cada caso. Ahora Estados Unidos habla de extender la política de deportación a aquellos cubanos que lleguen a las costas del país y pisen suelo norteamericano. La medida, según Alarcón, sería retroactiva a 1995. De ser así, al menos unos 50 refugiados cubanos que han llegado en los últimos meses a la Florida y que aguardan decisiones del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) estarían sujetos a deportación. Las autoridades cubanas aseguran que más de un centenar de refugiados han entrado ilegalmente a Estados Unidos desde mayo de 1995 y permanecen en el país, mientras que 482 balseros interceptados en alta mar han sido deportados a Cuba. ``Hemos explorado nuevas ideas en esta reunión y existe la posibilidad de avanzar en un acuerdo para devolver a Cuba a personas que arribaron al territorio de Estados Unidos después del 2 de mayo de 1995'', dijo Alarcón. Un acuerdo final podría producirse en la próxima ronda de conversaciones, que debe realizarse en tres o cuatro meses, esta vez en Nueva York. ``Estimamos que los acuerdos están cumpliendo su propósito de alentar una inmigración segura, legal y ordenada entre nuestros países'', dijo Hamilton. En septiembre de 1994, Cuba y Estados Unidos firmaron un acuerdo mediante el cual Washington se comprometió a otorgar por lo menos 20,000 visas anuales a cubanos que desean emigrar. Cuba, por su parte, prometió utilizar métodos persuasivos para frenar la oleada de balseros. Las autoridades cubanas reclaman la deportación del ex teniente coronel José Fernández Pupo, que aterrizó en julio en la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo después de desviar a punta de pistola un pequeño avión comercial. También piden el regreso de tres hombres que se apoderaron de una avioneta para llegar a la Florida. El piloto de la aeronave regresó a Cuba. Fernández Pupo, que es procesado judicialmente en Washington, afronta una pena mínima de 20 años de cárcel. Los otros tres supuestos aeropiratas están en la cárcel en espera de juicio. ``Si Estados Unidos no los devuelve, en violación de los acuerdos bilaterales, por lo menos que cumplan con sus compromisos internacionales en cuanto a la represión de la piratería aérea con un juicio, imponiéndoles una sanción ejemplar'', dijo Alarcón. Además señaló que durante la reunión en el Palacio de Convenciones también puso sobre la mesa el problema de las trasmisiones de Radio Martí. ``Este tema está dentro de los problemas migratorios: se trata de una radio del gobierno norteamericano que fomenta la emigración ilegal, saboteando así la aplicación de los acuerdos migratorios'', dijo Alarcón.
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